Pruebas contundentes expusieron el sistemático plan de asedio de Daniel José Sosa contra su expareja y sus dos hijas en Los Polvorines, Malvinas Argentinas. Actas policiales revelaron agresiones físicas iniciales, seguidas de amenazas explícitas de muerte si la víctima no retiraba las denuncias, y finalmente el sabotaje de servicios básicos. Pese al «Riesgo Crítico» confirmado por peritos, el agresor violó la perimetral e intentó irrumpir en la casa, amenazando que prendería fuego la vivienda con las niñas adentro. La justicia sigue mirando para otro lado.
La justicia del Departamento Judicial de San Martín y la Comisaría de la Mujer de Malvinas Argentinas se encontraron ante un expediente que acumuló fojas de desobediencia y peligro inminente, configurando lo que las organizaciones de defensa de la mujer calificaron como una «crónica de un femicidio anunciado». El denunciado, Daniel José Sosa, mantuvo bajo asedio constante a su expareja, Mirta Vaquinsay, en una vivienda de la calle Benjamín Gorostiaga al 2070. Las actas judiciales expusieron la anatomía de un agresor que desafió sistemáticamente todas las medidas cautelares, convirtiendo en un calvario la vida de sus hijas y su ex mujer.
De la agresión física a la amenaza de muerte
La escalada de violencia comenzó tiempo atrás. Una noche, alrededor de las 21:00 horas, Sosa ingresó al domicilio y agredió físicamente a Vaquinsay, empujándola y provocándole lesiones que fueron certificadas médicamente. El hecho fue caratulado inicialmente como «Lesiones Leves y Amenazas», lo que activó los primeros pedidos de protección por parte de la víctima. El camino sería largo.
La respuesta de Sosa ante la denuncia no fue el retroceso, sino la profundización del acoso con el objetivo de obstruir la acción de la justicia. El 19 de febrero, apenas horas después del primer ataque, Sosa regresó al domicilio. Tras saltar el alambrado perimetral e intentar forzar el ingreso, lanzó un ultimátum brutal a la mujer: «¡Me tenés cansado! Si no sacás la denuncia de ayer, te voy a matar». Este incidente sumó la carátula de «Daño, Amenazas y Violación de Domicilio». El objetivo era que sus hijas abandonaran el domicilio y quedaran en la calle.
El «secuestro» domiciliario: sabotaje de servicios
Confirmando su desprecio por las consecuencias legales, Sosa inició una fase de “guerra de desgaste” a partir de febrero. Aprovechando la proximidad de las viviendas en el mismo lote, y alegando ser el titular de los servicios —aunque la familia residía allí desde hacía años—, el agresor procedió a cortar deliberadamente los suministros de agua potable y energía eléctrica.
Esta táctica de sabotaje dejó a la mujer y a sus dos hijas menores en condiciones de absoluta precariedad durante semanas, ya que, cada vez que se restablecía la energía, Sosa volvía a cortarla y a robar los cables, dejándolas en la oscuridad, sin agua, ventilación ni calefacción.
Documentos judiciales confirmaron que Sosa utilizó esta maniobra como forma de tortura psicológica y económica, incluso llegando a amenazar con «prender fuego la casa» si no cedían a sus demandas.
La ineficacia del sistema ante el «Riesgo Crítico»
Ante este escenario de hostigamiento total, la justicia realizó una Escala de Predicción de Riesgo que arrojó resultados alarmantes: el peligro era «Alto/Crítico». Los peritos judiciales basaron este diagnóstico en cuatro factores de alerta roja:
- Uso de objetos peligrosos: se reportó el empleo de armas o elementos contundentes para amedrentar a la familia.
- Amenazas de muerte recurrentes: las manifestaciones del agresor sobre su intención de asesinar a la víctima fueron constantes en todas las actas.
- Hostigamiento de proximidad: al convivir en el mismo predio, el agresor ejercía un control asfixiante sobre los movimientos de la mujer.
- Desprecio absoluto por la autoridad: Sosa reaccionó con mayor violencia tras ser multado por el Juzgado de Familia N° 2, redoblando la agresión al grito de «¡Te voy a hacer la vida imposible!».
Desobediencia a plena luz del día
En marzo, el Dr. Mariano José Grammatico Mazzari (Juzgado de Garantías N° 3) dictó una medida de «Cese de Hostigamiento» que prohibía a Sosa cualquier tipo de contacto. La medida fue ignorada apenas cuatro días después. El sábado 21 de marzo, a las 06:50 horas, Sosa intentó derribar la puerta de ingreso de la vivienda mientras la familia dormía. La intervención policial evitó una tragedia y sumó el delito de «Desobediencia Judicial» a su prontuario.
Un pedido de justicia urgente
Actualmente, la causa tramita en la UFI N° 21 del Departamento Judicial de San Martín. La defensa de Mirta Vaquinsay exigió que la justicia pase de las multas y los papeles a medidas de fondo, como la exclusión definitiva del hogar o la detención del agresor, dado que el historial de Daniel José Sosa demostró que las medidas actuales eran insuficientes para detenerlo. La comunidad de Los Polvorines aguarda una respuesta judicial que no llegue demasiado tarde.