Tras una sesión maratónica y una votación ajustada, el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. Una discusión que hace años aparecía y desaparecía del radar político finalmente encontró su punto de ebullición en un Congreso dividido y en un clima social donde la inseguridad volvió a ocupar el centro de la escena.
La iniciativa impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento del PRO y un sector de la UCR, obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Con esa mayoría, el Gobierno coronó uno de los proyectos que venía empujando desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Qué cambia con la nueva ley
La norma reduce la edad mínima de imputabilidad a los 14 años para delitos graves y rediseña todo el régimen penal para adolescentes. No solo establece nuevas penas, sino también medidas alternativas, protocolos de intervención y un esquema procesal específico para menores.
Según el texto, los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán enfrentar procesos penales con reglas diferenciadas, pero con sanciones más estrictas para delitos como homicidios, robos agravados y otros delitos violentos.
El trasfondo político
El oficialismo celebró la sanción como un «paso histórico» en materia de seguridad y responsabilidad penal, mientras que desde el peronismo y bloques de izquierda apuntaron a que la medida no resuelve las causas estructurales del delito juvenil y que podría agravar la situación en contextos vulnerables.
Máximo Kirchner y el bloque de Unión por la Patria denunciaron que se aprobó «un régimen punitivista» y cuestionaron que el Gobierno avance con reformas penales sin fortalecer previamente el sistema de protección de derechos de la niñez.
Un debate que atraviesa al país
El Gobierno llega a esta aprobación en un contexto de fuerte demanda social por seguridad. Los casos de delitos cometidos por menores tuvieron amplia difusión mediática en las últimas semanas y empujaron el tema a la agenda pública.
La nueva ley plantea un giro profundo y abre una etapa de implementación que dependerá del poder judicial de menores, las provincias y los recursos que se asignen para llevar adelante el nuevo sistema.
Mientras tanto, el país se divide entre quienes celebran la medida como un avance necesario y quienes alertan sobre sus posibles consecuencias. Lo que está claro es que el tema llegó para quedarse y el debate recién empieza.